La investigación por el manejo del Campo Ferial Cerro Juli sumó un documento clave: el Acta N.° 001-2025-CCIA-MIDAGRI, firmada el 28 de marzo de 2025, en la que la empresaria Nitza Huaco Mendoza recibió el recinto a nombre de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa para la Feria Arequipa 2025. El hecho compromete el uso de un predio público en medio de una cadena de convenios, deslindes y responsabilidades aún no aclaradas.
El acta fue suscrita un día después de que el entonces presidente de la CCIA, Julio Cáceres Arce, firmara con el exministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, un convenio de cooperación para el uso del Campo Ferial Cerro Juli. Según la información contrastada, el acuerdo planteaba actividades vinculadas a la promoción agraria y mantenimiento de infraestructura.
La Feria Arequipa 2025 se realizó del 9 al 17 de agosto en Cerro Juli, con más de 400 stands, más de 50 actividades y entradas de hasta S/ 17 para adultos. La magnitud del evento abrió una pregunta central: quién administró los ingresos generados por taquilla, alquiler de espacios, auspicios y servicios dentro de un recinto estatal.
El caso escaló al Ministerio Público. Revelación.pe informó que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa derivó la investigación a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, bajo la Carpeta Fiscal N.° 501-2026-268, por presuntos delitos de peculado, colusión y negociación incompatible.
La investigación fiscal alcanza al Gobierno Regional de Arequipa, la CCIA, el Fondo de Desarrollo Regional Arequipa, la Sociedad Agrícola de Arequipa y el MIDAGRI. En el centro del caso aparece la empresa Bespouk Entertainment S.A.C., vinculada a la organización de la feria, y la actuación de Huaco, quien es señalada por presuntamente atribuirse representación institucional.
El punto más sensible es la representación de la CCIA. Huaco sostuvo que su participación fue de coordinación e información, y negó haber tenido facultades para autorizar o administrar el recinto. Sin embargo, el acta revisada consigna su firma como presidenta del Comité de Servicios y su intervención en la recepción del campo ferial.
La CCIA ha marcado distancia. Versiones recogidas en la investigación indican que cualquier acto administrativo requería autorización del Consejo Directivo y que el acta no habría ingresado a la documentación formal del gremio. Ese vacío institucional refuerza la necesidad de establecer quién autorizó la entrega, bajo qué facultades y con qué control económico.
El contexto agrava el caso. La transferencia del Campo Ferial Cerro Juli del MIDAGRI al Gobierno Regional de Arequipa fue aprobada por Resolución de Secretaría General N.° 0081-2025-MIDAGRI-SG, publicada el 16 de julio de 2025, sobre un inmueble de más de 14 hectáreas ubicado en José Luis Bustamante y Rivero.
El Gobierno Regional de Arequipa precisó luego que asumió la administración formal de Cerro Juli desde el 5 de septiembre de 2025 y que cualquier uso, actividad o contrato anterior a esa fecha no corresponde a su gestión. También señaló que no suscribió convenios vinculados a eventos realizados antes de recibir formalmente el predio.
El caso Cerro Juli deja de ser solo una disputa entre gremios y autoridades para convertirse en un examen sobre la administración de bienes públicos en Arequipa. La Fiscalía deberá determinar si hubo irregularidades administrativas o responsabilidades penales, pero el acta ya abrió una ruta concreta para esclarecer quién permitió que un recinto estatal fuera usado con fines privados.
