La deflagración ocurrida en marzo en un ducto de gas natural de Camisea y la posterior declaratoria de emergencia reabrieron una discusión de fondo: el próximo gobierno heredará un sistema energético vulnerable, sin suficiente infraestructura de respaldo y con alta sensibilidad ante cualquier interrupción del suministro. El episodio obligó al Estado a priorizar el mercado interno y a racionar el gas para asegurar sectores esenciales del país.
El ex director general de la Dirección General de Hidrocarburos del MINEM, Eric Garcia, sostuvo que la principal tarea del nuevo Ejecutivo debe ser construir una verdadera planificación energética nacional, capaz de definir qué fuentes impulsar, con qué mecanismos financieros y bajo qué metas de seguridad de abastecimiento. La advertencia cobra fuerza porque, aunque el país mantiene vigente la Política Energética Nacional 2010-2040, el propio Ministerio de Energía y Minas reconoce que su cumplimiento sigue atravesando procesos de actualización y ejecución gradual.
La magnitud del problema se explica por la estructura misma de la matriz energética. El reporte oficial de cumplimiento de la política energética señala que cerca del 75% de la energía que usa el Perú proviene todavía de hidrocarburos. A ello se suma que, según Osinergmin, la producción nacional no alcanza para cubrir toda la demanda de combustibles y el país sigue importando productos como petróleo y diésel para atender al mercado interno.
La crisis de Camisea mostró con claridad esa dependencia. El MINEM declaró en emergencia el suministro de gas natural entre el 1 y el 14 de marzo de 2026, priorizó a usuarios residenciales y comerciales regulados, y días después informó que el sistema retornaba progresivamente a la normalidad para grifos, industrias y centrales térmicas. La contingencia no solo afectó la cadena energética: impactó transporte, precios y actividad económica.
El debate no se limita al ducto averiado. El presidente de Osinergmin, Aurelio Ochoa, advirtió que el país debe dejar atrás la gestión reactiva y avanzar hacia infraestructura redundante, con ductos auxiliares y una red que permita responder a emergencias sin paralizar amplios sectores. En la misma línea, el MINEM anunció que impulsará una planta de regasificación como reserva estratégica para futuras contingencias.
La transición energética, en ese contexto, aparece menos como una consigna y más como un problema técnico. El reporte oficial del MINEM precisa que, al cierre de 2024, las energías renovables no convencionales representaban 9.25% de la matriz eléctrica. Al mismo tiempo, la cartera nacional incluye 13 proyectos solares con concesión definitiva que suman 2,402 MW, lo que confirma un avance renovable importante, pero todavía insuficiente para reemplazar por sí solo al conjunto del sistema.
Para del sur como Arequipa, la discusión tiene un peso adicional. El MINEM reportó que Arequipa lidera el desarrollo solar del país con nueve proyectos que concentran 1,816 MW, convirtiéndose en el principal polo fotovoltaico nacional. Ese dato fortalece la idea de que el sur será decisivo en la nueva etapa energética, pero también exige obras complementarias de transmisión, respaldo y gas para evitar que el crecimiento renovable quede limitado por la intermitencia o por cuellos de botella de infraestructura.
El frente social también forma parte de la discusión. La Política Energética Nacional fija como objetivo el acceso universal al suministro energético, y el reporte 2024 del MINEM da cuenta de 16 proyectos de electrificación rural concluidos, con más de 57 mil beneficiarios, además de más de 2.3 millones de usuarios residenciales conectados a gas natural en 11 regiones. Sin embargo, Eric Garcia sostiene que el debate ya no debe quedarse solo en la cobertura, sino en la calidad y suficiencia del acceso para cocinar, conservar alimentos, calefaccionar o calentar agua en zonas frías.
En paralelo, el Estado sigue enviando señales de expansión. El MINEM reafirmó en abril su intención de impulsar mayores inversiones en infraestructura de gas natural y, días después, destacó que los proyectos solares del sur fortalecerán la seguridad energética nacional. El problema, advierten voces técnicas, no es escoger una sola tecnología, sino articular gas, hidroeléctricas, renovables, transmisión y almacenamiento dentro de una estrategia que sobreviva a los cambios de gobierno.
La lección que deja Camisea es directa: la seguridad energética no puede seguir dependiendo de decisiones parciales ni de respuestas de urgencia. Para el próximo gobierno, el reto no será solo prometer más energía, sino convertir esa promesa en una política de Estado capaz de asegurar abastecimiento, reducir vulnerabilidades, sostener la transición y llevar servicios energéticos suficientes a millones de peruanos.
