El congresista y candidato a diputado por Arequipa, Esdras Medina Minaya, volvió a colocar a Renovación Popular en el centro del debate electoral tras denunciar un supuesto fraude sin exhibir pruebas y defender una salida excepcional para adelantar la transferencia del mando presidencial en 2026, instalando un “Gobierno de Facto”, atentando contra la democracia del país.
La controversia creció porque existe una diferencia entre el mensaje político difundido localmente y el texto formal del proyecto legislativo. En el proyecto de ley, Medina afirma que Rafael López Aliaga debería asumir “si ha pasado por más del 30% de votación”; pero la iniciativa registrada en el Congreso no fija ese umbral, sino que habla de un presidente elegido en primera vuelta y proclamado definitivamente por el JNE, con juramentación cinco días hábiles después.
Esa propuesta colisiona con el marco electoral vigente. La Constitución establece en su artículo 111 que el presidente es elegido por sufragio directo y que se requiere más de la mitad de los votos válidos; si nadie alcanza esa mayoría absoluta, corresponde una segunda elección entre las dos mayores votaciones. Además, el cronograma oficial fija los comicios para el 12 de abril, una eventual segunda vuelta para el 7 de junio y la asunción del cargo el 28 de julio.
El propio proyecto de Medina reconoce que busca modificar, de manera excepcional, el régimen ordinario de transferencia del poder y admite que se tramita como reforma constitucional. El artículo 206 de la Carta Magna señala que toda reforma de ese nivel debe ser aprobada por el Congreso y ratificada por referéndum, salvo que obtenga más de dos tercios en dos legislaturas ordinarias sucesivas, lo que vuelve inviable cualquier cambio inmediato a pocos días de la votación.
El otro eje crítico del caso es la denuncia de fraude anticipado. Medina sostuvo en Arequipa que “está gestando un fraude”, mientras que Rafael López Aliaga también ha repetido esa narrativa en campaña sin presentar evidencia pública. Frente a ello, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, rechazó las insinuaciones y afirmó que la voluntad popular está garantizada en las elecciones de 2026.
Medina llega a este episodio con un historial de actuaciones controvertidas en temas públicos. En 2022 presidió la Comisión de Educación que aprobó el dictamen de insistencia para recomponer el consejo directivo de la Sunedu, en una contra reforma que afecta la educación universitaria, ya en 2026, reconoció que ninguna de las tres universidades públicas cuya creación promovió para Arequipa se encuentra encaminada ni cuenta con terreno saneado para funcionar.
El trasfondo de esta discusión excede a una frase de campaña. La Constitución dispone que el sistema electoral debe garantizar que la votación exprese de manera auténtica, libre y espontánea la voluntad ciudadana; por eso, instalar salidas anticipadas al calendario constitucional o denuncias de fraude sin sustento no fortalece la democracia, sino que erosiona la confianza pública en una elección que está a horas de celebrarse.
A tres días de la votación, el fondo del debate ya no es solo partidario, sino institucional: si una candidatura puede pretender adelantar el poder con una regla excepcional ajena al sistema vigente. En democracia, la disputa por el Gobierno se resuelve en las urnas y bajo reglas previas, no mediante fórmulas improvisadas que reescriben el proceso electoral cuando este ya está en marcha.
