La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero impuso una severa multa de S/ 598 423 al congresista Esdras Ricardo Medina y a otros 16 copropietarios. La sanción penaliza la habilitación urbana informal y la edificación sin licencias en el predio rústico Añaspata Grande.
Durante una inspección inopinada realizada en mayo de 2024, las autoridades constataron la existencia de redes clandestinas de agua, desagüe y alumbrado eléctrico. Además, se hallaron construcciones permanentes de material noble en 22 lotes y cercos perimétricos en otros 30 terrenos.
El gerente de fiscalización de la comuna, Raúl Medina, confirmó que la denominada Asociación Quinta Jardín del Amanecer no existe legalmente en los registros. «No está registrada como una urbanización habilitada y se ha construido sobre una zona agrícola», detalló el funcionario edil.
Este proceso administrativo sancionador inició en el año 2023 tras reiteradas notificaciones que fueron ignoradas por los copropietarios. Al no adecuarse a las normativas de desarrollo urbano vigentes, el municipio procedió a emitir la resolución que exige la paralización inmediata de las obras.
La cuantiosa sanción económica impuesta a los infractores se calcula en base al severo perjuicio urbanístico ocasionado a la ciudad. El monto total equivale al 25 % del valor del terreno afectado por la lotización y al 10 % del valor estimado de cada construcción no declarada.
Actualmente, el parlamentario y los demás implicados han presentado un recurso de apelación para intentar frenar la drástica medida municipal. Mientras este recurso legal se resuelve en las instancias correspondientes, las autoridades mantienen la orden estricta de no continuar con ninguna edificación.
De confirmarse el fallo en contra de la asociación, el caso pasará directamente a la oficina municipal de ejecución coercitiva. Esta instancia tiene la potestad legal y administrativa de ordenar la demolición definitiva de todos los ambientes levantados al margen de la ley.
La gravedad de estas infracciones cobra mayor relevancia e interés público dado que el congresista Esdras Medina pretende alcanzar la reelección. Desde la sociedad civil se exige que los representantes del Estado sean los primeros en respetar la zonificación y la legalidad urbanística vigente.
Ante la proliferación de estos casos, el alcalde Freddy Zegarra ha iniciado una agresiva campaña preventiva en todo el distrito. La autoridad exhortó a la ciudadanía a no adquirir terrenos promocionados sin habilitación urbana para evitar multas, estafas o severas pérdidas económicas.
La fiscalización en Añaspata Grande sienta un precedente fundamental sobre la defensa irrestricta de las áreas agrícolas en Arequipa. La gerencia de desarrollo urbano reiteró que no cederá ante presiones para formalizar ocupaciones que vulneren la planificación y la zonificación distrital establecida.
Los problemas inmobiliarios vinculados al legislador no se limitan únicamente a la jurisdicción de José Luis Bustamante y Rivero. En el distrito de Cerro Colorado, decenas de familias de la asociación Quinta La Praderita denunciaron graves promesas incumplidas en la venta de 42 lotes.
Los ciudadanos afectados relatan que adquirieron los predios entre los años 2010 y 2011 bajo el compromiso de recibir saneamiento físico legal. Sin embargo, tras más de una década, Esdras Medina y su socia Sonia Condori no cumplieron con la entrega formal de los títulos de propiedad.
Ante el abandono de los promotores originales, los propios vecinos tuvieron que autogestionar y financiar los trámites de habilitación urbana, lograda recién en 2023. A pesar de este enorme esfuerzo económico vecinal, la situación legal de sus viviendas familiares sigue en una completa incertidumbre.
Actualmente, las familias habitan en condiciones precarias, dependiendo de un único medidor de luz colectivo para abastecer a todas las casas. Los residentes exigen que se cumpla el contrato original que garantizaba la instalación de servicios básicos independientes y definitivos por cada hogar.
La titulación definitiva permanece entrampada porque, según los denunciantes, los promotores alternan el control de la directiva para no ceder el poder a los vecinos. Esta maniobra administrativa condena a las familias a la informalidad permanente y agrava la crisis de vivienda segura en la ciudad.
