La ministra de Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, advirtió que 12,575 obras públicas en ejecución en el Perú no cuentan con presupuesto asegurado para su culminación, lo que genera una brecha de financiamiento estimada en S/ 21,000 millones. La situación compromete la continuidad de proyectos de inversión pública en distintos niveles de gobierno.
Durante su exposición, la titular del MEF señaló que este escenario representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal, pese a que la economía peruana proyecta cerrar el 2025 con un crecimiento de 3.4% del Producto Bruto Interno (PBI) y mantiene niveles sólidos de reservas internacionales. Según explicó, el problema se originó en decisiones adoptadas en gestiones anteriores que permitieron iniciar obras sin contar con el financiamiento total requerido.
De acuerdo con la información oficial, 9,740 proyectos sin cierre financiero corresponden a gobiernos locales, lo que ha generado dispersión del gasto público. Esta falta de presupuesto afecta principalmente a obras en los sectores de transporte, salud, saneamiento y educación, donde diversas infraestructuras permanecen inconclusas.
Miralles sostuvo que se incumplió una regla básica de la inversión pública al autorizar el inicio de proyectos sin garantizar el 100% de los recursos necesarios. Indicó que se volvió recurrente aprobar obras con asignaciones iniciales mínimas, trasladando posteriormente la presión financiera al Ejecutivo.
En relación con los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G), la ministra informó que la cartera pasó de una estimación inicial de S/ 41,000 millones a S/ 104,818 millones, cifra equivalente a cerca del 9% del PBI. Como ejemplo, mencionó el programa Colegios Bicentenario, cuyo costo por unidad se incrementó de S/ 37 millones a S/ 84 millones, y señaló que varias de estas infraestructuras fueron entregadas sin recursos asegurados para su operación y mantenimiento.
Frente a las demandas de mayores desembolsos presupuestales, la titular del MEF recordó que las leyes no garantizan recursos si no existe un análisis previo de financiamiento y subrayó la necesidad de respetar los límites fiscales establecidos en la Constitución. En ese marco, planteó un cambio en el enfoque de la inversión pública.
Entre las medidas anunciadas figura un proceso de desburocratización y una mayor utilización de Asociaciones Público-Privadas (APP) para proyectos de gran escala. Como referencia, mencionó la Carretera Central, cuyo costo estimado oscila entre S/ 24,000 y S/ 30,000 millones, señalando que no sería viable bajo un esquema exclusivo de obra pública. Finalmente, adelantó que en las próximas semanas se presentarán acciones orientadas a atender proyectos en continuidad y fortalecer el seguimiento técnico de las inversiones.
