El Congreso de la República aprobó un conjunto de ocho leyes que modifican el marco legal para la lucha contra el crimen organizado en el Perú, afectando herramientas clave como la colaboración eficaz, la detención preliminar, la incautación de bienes y la investigación penal. Estas normas fueron impulsadas durante el gobierno de Dina Boluarte y cuentan con respaldo del actual Ejecutivo.
De acuerdo con especialistas, fiscales y organizaciones civiles, las reformas representan cambios sustanciales en el sistema de justicia, ya que introducen nuevas condiciones y limitaciones en procesos vinculados a delitos de corrupción, lavado de activos y criminalidad organizada. Las bancadas que respaldaron estas leyes argumentaron que buscan equilibrar el poder entre el Ministerio Público y el sistema judicial.
Entre las normas más cuestionadas se encuentra la Ley N.° 31990, que establece plazos máximos para los procesos de colaboración eficaz, lo que, según el Ministerio Público, podría dificultar la verificación de información en investigaciones complejas. Asimismo, la Ley N.° 32130 otorga a la Policía Nacional la conducción de la investigación preliminar, reduciendo el rol directo de la Fiscalía en esta etapa.
Otra de las leyes relevantes es la N.° 32108, que redefine el concepto de organización criminal y establece nuevas condiciones para los allanamientos, lo que —según expertos— podría limitar la intervención oportuna en casos delictivos. En esa línea, también se aprobaron normas que modifican los plazos de prescripción penal, lo que podría incidir en la duración de los procesos judiciales.
El paquete legislativo incluye además la Ley N.° 32181, que elimina la detención preliminar en casos sin flagrancia, y la Ley N.° 32326, que eleva los requisitos para la incautación de bienes, condicionándola a resoluciones judiciales firmes. Según fiscales, estas medidas podrían reducir la capacidad de respuesta del Estado frente a delitos complejos.
También se encuentra la Ley N.° 31989, que modifica las acciones de interdicción contra la minería ilegal, y la Ley N.° 32054, que impide procesar a partidos políticos como organizaciones criminales, trasladando la responsabilidad únicamente a personas naturales.
Diversas instituciones, como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, han solicitado la revisión de estas normas ante el Tribunal Constitucional, al considerar que algunas podrían contravenir estándares internacionales en la lucha contra el crimen organizado.
En tanto, el debate continúa en el ámbito político y jurídico, en medio de cuestionamientos sobre el impacto de estas leyes en la persecución penal y la lucha anticorrupción en el país.
