El candidato presidencial Rafael López Aliaga enfrenta una investigación por presunto lavado de activos vinculada al caso internacional de los Papeles de Panamá, tras revelarse su relación con empresas offshore creadas en paraísos fiscales.
El caso se originó a partir de la filtración de documentos del estudio panameño Mossack & Fonseca, analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que expusieron la creación de compañías en el extranjero para ocultar activos o evadir obligaciones tributarias. En el Perú, uno de los principales investigados es López Aliaga.
De acuerdo con los registros, el exalcalde de Lima habría recurrido a este bufete para constituir empresas como Latin Security Corporation en Panamá, duplicando otra firma registrada previamente en Islas Vírgenes Británicas junto a su socio Lorenzo Sousa. Ambas compañías controlaban Perú Holding de Turismo S.A.A., vinculada a la concesión del hotel Sanctuary Lodge en Machu Picchu.
Según documentación citada en la investigación, Sousa acusó a López Aliaga de haber creado una empresa paralela en Panamá para tomar el control total de la compañía original. Esta práctica de duplicación de firmas offshore también habría sido utilizada en el caso de Peruval Corp. S.A., empresa que obtuvo en 1999 la concesión de ferrocarriles del sur.
Posteriormente, una compañía con el mismo nombre fue constituida en Panamá, lo que —según la tesis fiscal— habría permitido desvincular a la firma original registrada en Lima, la cual mantiene una deuda coactiva de S/13 millones con la Sunat.
La investigación fiscal, iniciada por la fiscal Yovana Mori y ampliada posteriormente, señala que López Aliaga habría creado varias empresas offshore —entre ellas Acres Investments y Paga Investments— para presuntamente canalizar fondos ilícitos provenientes de contratos con la Caja Metropolitana de Lima durante la gestión de Susana Villarán.
En ese contexto, la fiscalía sostiene que las compañías Acres Finance y Acres Sociedad Titulizadora, vinculadas al candidato, habrían suscrito contratos considerados irregulares con dicha entidad, en coordinación con funcionarios como José Miguel Castro, exdirectivo de la Caja Metropolitana.
El proceso continúa en el Poder Judicial. En septiembre de 2024, el juez Jorge Chávez Tamariz rechazó el pedido de López Aliaga para excluirse del caso, y en octubre de 2025 se dispuso ampliar la investigación por 24 meses adicionales, por lo que el candidato deberá seguir respondiendo ante la justicia independientemente del resultado electoral.
